Seis gobernadores alineados con el kirchnerismo salieron a rechazar en bloque la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada y redoblaron la presión sobre sus representantes en la Cámara de Diputados. Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentra Axel Kicillof, quien junto a otros mandatarios provinciales calificó la propuesta oficial como “antifederal” y advirtió sobre sus posibles consecuencias económicas y sociales.

El documento difundido por los gobernadores sostiene que el proyecto promovido por el Gobierno Nacional implica un retroceso en materia de derechos laborales y no ofrece garantías de generar más empleo ni de reducir la informalidad. Según plantearon, la iniciativa debilita protecciones históricas para los trabajadores y altera equilibrios normativos que, a su juicio, forman parte del sistema de derechos construido durante décadas.

Además del cuestionamiento de fondo, los mandatarios provinciales pusieron el foco en el impacto institucional de la reforma. Consideran que varios artículos afectan competencias provinciales y desdibujan el esquema federal. En ese marco, instaron de manera directa a los legisladores nacionales a “votar en contra” del proyecto cuando llegue al recinto.

El posicionamiento agrega tensión al escenario parlamentario, donde el oficialismo busca reunir apoyos para avanzar con una de las piezas centrales de su programa económico. Desde el entorno del Presidente relativizaron las críticas y sostienen que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral, incentivar la contratación formal y corregir distorsiones que —afirman— frenaron la creación de empleo privado en los últimos años.

La embestida de los gobernadores kirchneristas anticipa un debate áspero en Diputados, en un contexto de negociaciones cruzadas y alineamientos todavía inestables. Mientras el Gobierno defiende la reforma como clave para la competitividad y el crecimiento, la oposición peronista intenta consolidar un frente de rechazo con respaldo territorial.