El debate por la reforma laboral volvió a exponer tensiones dentro del propio oficialismo. En sectores del Gobierno persiste el malestar con Federico Sturzenegger, especialmente por sus recientes declaraciones sobre el régimen de licencias médicas y el alcance de los cambios proyectados en la normativa laboral. Las expresiones del ministro generaron ruido político y abrieron discusiones internas sobre la oportunidad y el impacto de sus definiciones públicas en plena negociación parlamentaria.

Pese a ese clima, en la Casa Rosada predomina una lectura optimista. Altas fuentes del Ejecutivo sostienen que el proyecto mantiene viabilidad en la Cámara de Diputados y que, si bien algunos artículos podrían sufrir modificaciones o quedar fuera del texto final, la columna vertebral de la iniciativa no estaría en riesgo. “La reforma no se cae”, repiten en despachos oficiales, donde relativizan la controversia interna y la encuadran dentro de la dinámica habitual de un proceso legislativo complejo.

El presidente Javier Milei sigue de cerca la evolución de las conversaciones con los bloques dialoguistas y se prepara para viajar a Washington con la expectativa de que no habrá sobresaltos en el frente parlamentario. En el Gobierno consideran que el respaldo obtenido tras las elecciones y la nueva correlación de fuerzas en el Congreso fortalecieron la posición oficialista, aun en un escenario de negociaciones permanentes.

En paralelo, el Ejecutivo ratifica que la reforma laboral no es un hecho aislado sino parte de una agenda legislativa más amplia. Entre las prioridades figuran la modificación de la Ley de Glaciares, el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y la nueva ley penal juvenil. La estrategia oficial apunta a sostener el ritmo de reformas estructurales, aun cuando cada iniciativa enfrente resistencias sectoriales y disputas políticas.

Mientras tanto, el tratamiento de la reforma laboral continúa siendo uno de los ejes centrales del debate público y parlamentario. Las discusiones sobre costos laborales, derechos adquiridos y competitividad económica anticipan un trámite legislativo intenso, en el que el Gobierno apuesta a preservar los puntos que considera esenciales para su programa económico.