En medio de la temporada récord de cruceros en el sur del país, el Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia, una medida que desató una fuerte polémica con el gobierno de Tierra del Fuego. La decisión se tomó tras detectar presuntas irregularidades financieras, deficiencias en infraestructura y manejos administrativos calificados como “opacos” por fuentes oficiales. La intervención fue comunicada de manera directa y ejecutada de forma inmediata, lo que generó un fuerte malestar en la administración provincial.
Según trascendió, entre los argumentos del Ejecutivo nacional figuran desvíos presupuestarios, condiciones operativas por debajo de los estándares de seguridad portuaria internacional y cuestionamientos a la ley provincial que permite destinar parte del superávit del puerto a la obra social del personal estatal. “No hay trazabilidad ni controles eficaces sobre esos fondos”, indicó una fuente con acceso al expediente.
La reacción del gobierno fueguino no se hizo esperar. Autoridades locales calificaron la medida como “un atropello a la autonomía provincial” y defendieron la gestión del puerto, al que describen como “totalmente operativo, sin incidentes ni incumplimientos”. Señalan que el puerto de Ushuaia no solo cumple con sus funciones, sino que atraviesa una de las mejores temporadas en términos de arribo de cruceros y actividad comercial.
A raíz de la intervención, se activó una disputa institucional que podría escalar en los próximos días. Desde la provincia no descartan acudir a la Justicia para frenar la medida, mientras que desde el Ejecutivo aseguran que el control sobre los puertos estratégicos es una cuestión de “interés nacional”.
El conflicto también pone en riesgo la continuidad de los servicios portuarios durante una temporada que venía batiendo récords, tanto en número de embarcaciones como en turistas internacionales. Las agencias de viaje y empresas del sector observan con preocupación el escenario.
En paralelo, se especula con que la intervención también tenga un trasfondo político. En despachos oficiales no descartan que se trate de una advertencia hacia los gobernadores que, como el fueguino Gustavo Melella, han tomado distancia de las reformas impulsadas por la Casa Rosada en el Congreso. La puja, que comenzó como técnica, ya muestra sus costados más claramente políticos.