El tratamiento de la reforma laboral impulsada por el oficialismo encendió una nueva polémica en el Senado. Mientras el Gobierno afirma con firmeza que la norma no será retroactiva, la oposición sembró dudas sobre la letra chica del proyecto y puso en duda que los derechos adquiridos de los trabajadores estén resguardados.

La controversia estalló en las comisiones del Senado, donde el secretario de Trabajo, Horacio Pitrau, intentó llevar calma al afirmar que la ley solo se aplicará a relaciones laborales iniciadas a partir de su eventual aprobación. Sin embargo, desde los bloques opositores rechazaron esa interpretación y señalaron que los artículos del proyecto podrían alcanzar a trabajadores contratados bajo regímenes anteriores, modificando condiciones laborales ya establecidas.

El debate escaló cuando legisladores peronistas citaron jurisprudencia y antecedentes de reformas anteriores para argumentar que la redacción del texto podría permitir que las nuevas reglas se impongan incluso sobre convenios vigentes. “No vamos a permitir que se vulneren derechos laborales adquiridos con lucha y años de negociación colectiva”, advirtió un senador de Unión por la Patria.

En paralelo, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) también participaron en el plenario de comisiones, exponiendo posiciones disímiles. Mientras los empresarios respaldaron la reforma por considerar que facilitaría nuevas contrataciones, desde la central obrera insistieron en que el proyecto “es regresivo” y podría “precarizar aún más” el mercado laboral.

Desde el Ejecutivo, en tanto, se mantienen firmes en avanzar con el tratamiento del proyecto antes del cierre del período legislativo. Funcionarios del Ministerio de Economía y del entorno presidencial ya iniciaron negociaciones con bloques aliados para intentar garantizar los votos necesarios. Aun así, el clima en el Congreso es cada vez más tenso y el texto final podría sufrir modificaciones para evitar un revés político.

Por ahora, el foco está puesto en la supuesta retroactividad de la ley, un punto que el oficialismo busca despejar con urgencia, mientras la oposición promete llevar la discusión hasta el recinto y, si es necesario, hasta la Justicia.