El Ejecutivo intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino (SAF) a justificar un balance millonario con movimientos sospechosos, entre ellos, una enigmática cuenta denominada “Fondos de Reserva SAF”. Además, se pusieron bajo revisión una serie de cambios en la Comisión Directiva que no habrían sido autorizados por el estatuto ni por la Inspección General de Justicia (IGJ).

Según pudo saber este medio, la IGJ abrió una serie de sumarios para que las autoridades del fútbol argentino expliquen no sólo los fondos por más de 450 millones de dólares, sino también las razones de las modificaciones orgánicas sin respaldo legal, el traslado de sede institucional y la falta de rendiciones detalladas en sus asambleas.

Los cuestionamientos alcanzan tanto a la gestión contable como a la institucional. Desde el Gobierno advirtieron que la AFA habría llevado adelante designaciones y sustituciones en su Comisión Directiva sin los debidos mecanismos de control y validación. En paralelo, se investiga la trazabilidad de los fondos mencionados en los balances, incluyendo el manejo de los llamados “Fondos de Reserva SAF”, de los que aún no se presentó documentación respaldatoria suficiente.

En medio de la investigación, la diputada Graciela Ocaña exigió que se nombre de inmediato un veedor judicial que fiscalice los movimientos financieros y administrativos de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. “Estamos ante una posible maniobra de opacidad en el manejo de recursos públicos y privados, vinculados al fútbol, que merecen ser auditados con rigor”, sostuvo.

Los organismos de control también pusieron el foco en los vínculos entre la AFA y la Superliga, dado que varias de las operaciones bajo sospecha podrían estar trianguladas entre ambas instituciones. La IGJ ya cursó pedidos formales para que se entreguen los documentos respaldatorios de gastos, asambleas y nombramientos, y no se descarta avanzar con sanciones si no hay respuestas satisfactorias.

El fútbol argentino, nuevamente, se ve sacudido por sospechas institucionales que ponen en jaque no solo la transparencia de su dirigencia, sino también su relación con el poder político y económico.