Después de no poder eliminarla por la vía legislativa, el Gobierno nacional ahora intenta anular por la vía judicial la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso a mediados de este año. La ofensiva es parte de una estrategia más amplia para recortar el gasto público, y se centra en una norma que garantiza la continuidad de prestaciones básicas para personas con discapacidad, en un contexto de crisis del sistema.
La Casa Rosada ya había incluido la derogación de la ley dentro del proyecto de Presupuesto 2026, pero la Cámara de Diputados rechazó ese artículo durante el tratamiento del texto. Sin embargo, el Ejecutivo no se dio por vencido: recurrió ahora a la Justicia Federal de San Martín, donde presentó un recurso para frenar la aplicación de la ley o al menos condicionarla al presupuesto oficial.
En primera instancia, un juez federal ya había declarado la invalidez de un artículo del decreto presidencial que intentaba impedir la implementación de la ley, al considerar que dejaba sin respaldo financiero al régimen de emergencia aprobado por el Congreso. Según el fallo, el desfinanciamiento del sistema pone “en riesgo el desarrollo integral de las personas con discapacidad”.
La ley de emergencia establece un régimen integral y declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prorrogarse un año más. Fue impulsada por organizaciones del sector, familiares y asociaciones de prestadores, que venían advirtiendo sobre atrasos en los pagos, reprogramaciones de servicios y falta de respuesta estatal en materia de inclusión.
La Sala II de la Cámara Federal de San Martín deberá ahora decidir si le da la razón al Gobierno o mantiene en pie el fallo de primera instancia. Mientras tanto, sectores de la oposición, ONG del ámbito de la discapacidad y profesionales del área denuncian una nueva maniobra del Ejecutivo para evitar el cumplimiento de una ley vigente, dejando en situación crítica a miles de personas que dependen del sistema de prestaciones.
Aunque no hay fecha precisa para el fallo de Cámara, el tema promete escalar en tensión política y judicial en las próximas semanas.