La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro relevante: la Justicia amplió su objeto procesal e incorporó nuevos sospechosos, incluyendo posibles miembros del gabinete nacional. Según la fiscalía, se investiga la existencia de una estructura de sobornos organizada dentro del organismo, con el objetivo de beneficiar a determinadas droguerías a través de compras irregulares.

El Ministerio Público avanza sobre la hipótesis de una red de corrupción que habría producido un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y también afectado directamente a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad. Las declaraciones testimoniales recabadas hasta ahora señalan prácticas sistemáticas en la adjudicación de contratos, en particular en la provisión de medicamentos y servicios médicos.

Las sospechas alcanzan a varios funcionarios y empresarios vinculados al sector, y se suman a las revelaciones de los audios filtrados que ya salpicaron al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y a figuras cercanas al oficialismo. La figura de fraude al Estado cobra fuerza en el expediente, lo que podría implicar un agravamiento de las penas para los involucrados.

La investigación se concentra ahora en determinar los nombres responsables de la cadena de decisiones, los vínculos con proveedores estatales y el rol que jugaron en la operación funcionarios de alto rango. El escándalo sigue creciendo y amenaza con tener un fuerte impacto político, especialmente si se confirma el uso del aparato estatal en beneficio de intereses privados.