Tras el rechazo del Senado al veto presidencial, el Gobierno analiza si avanza con la judicialización de la ley de emergencia en discapacidad, como había prometido Javier Milei, o si evita exponerse a una nueva derrota institucional. En los últimos 40 días, el oficialismo sufrió 20 reveses legislativos consecutivos, lo que genera dudas sobre la conveniencia de sostener una estrategia confrontativa en los tribunales.

La oposición interpreta el veto como una admisión de que la ley fue sancionada en forma válida, y advierte que una judicialización podría agravar el desgaste político del Ejecutivo. Mientras tanto, el Gobierno busca argumentos legales para cuestionar la constitucionalidad de la norma, especialmente por el impacto presupuestario que implicaría. El Ministerio de Economía aún no liberó los fondos correspondientes y evalúa si puede frenar su ejecución por la vía administrativa.

Aunque el Presidente Milei justificó el veto por violación de las restricciones fiscales, aún no envió un proyecto de ley que limite la aprobación de normas que afecten el equilibrio presupuestario. La tensión entre ceder o escalar el conflicto se convirtió en un dilema central para la Casa Rosada en el inicio de una campaña electoral compleja.