El Gobierno de Salta anunció un plan para instalar un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia, específicamente en el cruce de Aguas Blancas, con el objetivo de frenar el contrabando que afecta la zona. La medida, respaldada por el Ministerio de Seguridad Nacional, busca eliminar el bypass utilizado para evadir los controles de la Gendarmería Nacional, en el tramo que conecta la terminal de micros con los puestos del Puerto de Chalanas.

Desde Bolivia, el Gobierno de Luis Arce expresó un enérgico rechazo a la iniciativa, considerándola perjudicial para las relaciones bilaterales. Además, anunciaron que recurrirán a canales diplomáticos para solicitar explicaciones sobre el proyecto. Este conflicto se suma a una relación ya tensa entre ambos países, marcada por desacuerdos fronterizos ocurridos en abril de 2024.

Por su parte, las autoridades salteñas defienden la instalación del alambrado como una medida clave para combatir el contrabando, que, aseguran, genera un grave impacto en la economía local y alimenta redes de actividades ilícitas. La implementación del alambrado, afirman, no solo fortalecerá los controles en la zona, sino que también contribuirá a garantizar una mayor seguridad en la región fronteriza.

Sin embargo, la medida ha generado preocupación en comunidades locales y sectores políticos tanto de Argentina como de Bolivia. Estas voces advierten sobre posibles consecuencias negativas para las poblaciones que dependen del comercio transfronterizo, muchas de las cuales viven en condiciones de vulnerabilidad. Además, organismos internacionales han subrayado la importancia de priorizar el diálogo y las soluciones conjuntas para evitar agravar las tensiones diplomáticas.

El proyecto se encuentra en una etapa inicial, y su ejecución será seguida de cerca por diversas partes interesadas. Mientras tanto, la decisión de instalar el alambrado en Aguas Blancas reaviva el debate sobre las políticas fronterizas y su impacto en las comunidades que habitan esta región clave para ambos países.