El gobierno de Javier Milei intervino en el conflicto con Camioneros al dictar la conciliación obligatoria tras el fracaso de las negociaciones paritarias, debido al tope salarial del 1% mensual impuesto por el Ejecutivo. La medida busca frenar las medidas de fuerza anunciadas por el sindicato, pero también agrava las tensiones con la CGT, poniendo en jaque la frágil tregua con la Casa Rosada.