El Gobierno Nacional promulgó la ley que crea juzgados y fiscalías en Santa Fe para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

A través del Decreto 255/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Agustín Rossi y del ministro de Justicia Martín Soria, se promulgó la iniciativa que fue sancionada por el Congreso de la Nación a fines de marzo.

La Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la Provincia de Santa Fe contempla la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario, 7 en la ciudad capital, 1 en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y otro en San Nicolás, provincia de Buenos Aires), 9 cargos de defensores públicos de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, 1 en Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.

Entre otros puestos, se crean 6 cargos de juez penal federal con funciones de garantías, otros 6 con funciones de revisión y dos jueces con funciones de juicio y ejecución.

La creación de nuevos cargos de fiscales y jueces permitirá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial -como el que rige en Estados Unidos-, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve.

Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario actuarán simultáneamente, sin perder las funciones actuales, como jueces con funciones de revisión en los términos previstos del Código Procesal Penal Federal y normas complementarias. “Hasta tanto entren en funciones los jueces de revisión creados por los artículos de la presente norma, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario actuarán con la competencia territorial actual. Una vez en funciones los jueces de revisión creados por la presente norma, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, quedarán con la competencia territorial definida en la presente ley, sin perder las funciones actuales. Las impugnaciones que se encuentren allí tramitando al momento de la vigencia de la presente ley continuarán así hasta su efectiva conclusión”, se precisó.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo nacional, “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”, se aclaró. Dichas instituciones deberán instrumentar, respectivamente, mecanismos para la readecuación de las funciones de los funcionarios y empleados de los juzgados, tribunales, fiscalías y defensoría involucrados en la implementación del Código Procesal Penal Federal en el distrito federal de Rosario, provincia de Santa Fe, conforme lo establecido en el título V de la ley 27.150.

Según habían analizado los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las estructuras promedio de personal y los gastos estimados en salarios, insumos e infraestructura significarán un impacto fiscal anual de 7.500 millones de pesos.

La última semana murió en Rosario un hombre que había sido baleado en febrero. Con la confirmación de esta nueva víctima, la cifra de homicidios en la ciudad santafesina llegó a 100 en lo que va del año. A su vez, el registro estadístico fue alcanzado ocho días antes que en 2022, cuando el centenar de fallecidos se había alcanzado recién el 7 de mayo.